El presente de Dilma Rousseff

Brazil's President Dilma Rousseff speaks during the opening ceremony of the National Policy Conference for Women in Brasilia, Brazil, May 10, 2016. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY

El país carioca enfrenta en estos momentos una convulsión política digna de atención. La presidenta electa Dilma Rousseff enfrenta un juicio político que desencadenó su destitución precipitada dos años antes de terminar su mandato.

Un país claramente dividido demuestra su rechazo al actual presidente Michel Temer y sus aliados, otros a Rousseff y Lula da Silva, en su mayoría indican que la realidad es que no tienen opciones.

El proceso de “impeachment” lo encabezó desde la cámara de diputados una comisión especial considerando que la hoy ex presidenta había incurrido en lo que ellos denominan “ crímenes de responsabilidad”.

Contrario a lo que se pudiera pensar debido a una variedad de acusaciones en su contra, como sobornos en la estatal petrolera PETROBRAS y financiamiento fraudulento a su campaña de reelección, fue la violación de normas fiscales al presentar falsos datos en el déficit presupuestal lo que produjo su destitución, por lo cual gran parte de la opinión pública nacional e internacional considera que se trata de una inigualable injusticia con tintas de golpe de estado.

En el mes de octubre de 2015 fue introducido el pedido de “impeachment” al congreso, dentro de los juristas firmantes se encuentra uno de los fundadores del partido de los Trabajadores de Rousseff. Una ley de responsabilidad Fiscal prohíbe en Brasil las denominadas “pedaladas fiscales”, que no es más que el empleo de fondos pertenecientes a las entidades bancarias públicas para financiar programas de responsabilidad del gobierno, por ello en 2014 fueron rechazadas las cuentas de la administración de Rousseff.

Por su parte la acusada ex presidenta niega haber incurrido en dicho crimen, insistiendo que estaba siendo víctima de un golpe de estado sin precedentes. Sin embargo sus inquisidores la condenaron alegando usurpación de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos debido a una crisis fiscal nunca antes vista en Brasil.